Entregamos nuestra verdad y confiamos que se haga justicia para las mujeres: víctimas de violencia sexual de Montes de María y San Andrés de Sotavento a la JEP

Mónica Lozano – 2020-06-18

“En los Montes de María, esto sucedió, señores…” Así inició el vídeo de apertura de la primera audiencia virtual de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), llevada a cabo el pasado 22 de mayo, durante la cual la Corporación Humanas y el Colectivo de Abogadas Helenita González entregaron los casos de violencia sexual sufridos por 39 mujeres de Montes de María y San Andrés de Sotavento. Era el bullerengue en la voz de Petrona Martínez, que con sus tambores daba paso a los sentires de estas víctimas al saber que su verdad, sus historias y sus cicatrices quedaban en manos de la JEP. Su objetivo: encontrar justicia y dejar claro que en los Montes de María sí sucedió la violencia sexual en el marco del conflicto armado y la cometieron todos los actores de la guerra: las Farc-EP, el Ejército y la Policía.

“Por el derecho a la justicia integral: participación de las mujeres víctimas en la JEP” fue el nombre del informe que se elaboró gracias al apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz y la Generalitat Valenciana. Allí se encuentran documentados los 47 hechos de violencia sexual que les ocurrieron a 39 mujeres en 9 municipios: 8 de los Montes de María y 1 en el municipio de San Andrés de Sotavento en el departamento de Córdoba, entre los años 1983 y 2014.

Las mujeres, que no pudieron estar presentes debido a la pandemia, participaron a través  de audios pregrabados con expresiones de confianza y llamados a ser escuchadas. Con su espiritualidad permearon el espacio y los rincones de la fría capital desde sus calurosos municipios.

“Estos casos de violencia sexual que las mujeres denuncian fueron cometidos por las Farc-EP y miembros del Ejército Nacional y la Policía”, afirmó Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas, en la entrega del informe a la Sala de Reconocimiento de la JEP.

Algunas de ellas (7) cuando fueron violentadas sexualmente cuando eran apenas unas niñas de entre 5 y 13 años, 10 tenían entre 14 y 17, 11 entre 18 y 25, 3 entre 26 y 30 años, 13 entre 31 y 40 y 3 mujeres tenían entre 41 y 45 años.Pero el contenido de este informe no contiene solo datos fríos ni una estadística más que alimente los anaqueles de la guerra en el país. Se trata del análisis contextual de la violencia sexual cometida contra estas mujeres por actores armados que demostraron su poder a través de la violencia en los cuerpos de las mujeres, además, el informe señala las consecuencias físicas y emocionales que causaron en ellas estos delitos.

El proceso

La investigación da cuenta de que la violencia sexual se exacerba en los cuerpos de las mujeres en lugares como los Montes de María, territorios olvidados por los gobiernos.Estas 39 mujeres habitan los márgenes del Estado y por eso sus derechos han sido violentados en diversas formas. De ahí que haya resultado más fácil ejercer la violencia sexual contra ellas, porque en Colombia hay territorios y poblaciones que a nadie le importan, como mencionó Luz Piedad Caicedo, subdirectora de la Corporación Humanas, en el webinar del 26 de mayo, “Justicia integral para víctimas de violencia sexual”, a propósito de esta entrega. Lo que hacen los actores armados es reforzar un orden social establecido, pues en la guerra también se reproducen estereotipos raciales, sexistas y clasistas que hipersexualizan y subordinan los cuerpos de las mujeres negras e indígenas, como se demuestra en este informe.

El documento evidencia que las Farc-EP usó la violencia sexual con el fin de compensar y/o subir la moral del grupo, desplazar y controlar el territorio, castigar la supuesta colaboración con el grupo enemigo, controlar la vida sexo-afectiva de las mujeres y reforzar las jerarquías del grupo armado. Por otro lado, la violencia sexual ejercida por la Fuerza Pública fue cometida para castigar la supuesta vinculación, colaboración o cercanía de la víctima con la guerrilla y para dominar y controlar algunas poblaciones.

Esos hallazgos no hubiesen sido posibles de no ser por la valentía de las mujeres al decidir encontrarse de nuevo con su pasado con el objetivo de poder empezar a escribir un futuro distinto de justicia y reparación. Muchos de los casos nunca fueron denunciados incluso varios de ellos fueron contados por primera vez. De ahí que no era fortuito que las víctimas dijeran al unísono: “Hemos callado por muchos años y confiamos en que se haga justicia para las mujeres”.

No solo se documentaron los hechos de violencia sexual a través de entrevistas y grupos focales, las mujeres también participaron en espacios de recuperación emocional a través de talleres psicosociales colectivos e individuales dinamizados por una psicóloga de la Corporación Humanas. “Con este proceso hemos aprendido a hablar, a dialogar y hemos pasado por dificultades, pero también hemos aprendido a ser fuertes. Tenemos muchas fortalezas y aprendimos de las capacidades de cada una de nosotras”, compartió una de las voces de las víctimas durante la audiencia virtual.

El compromiso de la JEP

Las mujeres confiaron sus casos de violencia sexual, en primera instancia a Humanas y como consecuencia a la JEP.

Adriana Benjumea subrayó que los mayores índices de impunidad en el país son los de los delitos de violencia sexual y que “la justicia para las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual no puede seguir llegando tarde”.

Aún en medio del temor que ocasiona volver a abrir esta página de sus vidas y confiar en la institucionalidad, las mujeres tienen la esperanza de que la verdad sea develada para ellas y para el país. Han querido que este informe sea tomado por la JEP  “como algo verdadero para las mujeres, como algo real que nos pasó a cada una. […]”. Otra mujer mencionó en la audiencia, “señores de la JEP: confiamos plenamente en ustedes, queremos que se haga justicia y que no nos dejen solas en el camino”.

Ante dichos anhelos y lo que significó ese proceso para las mujeres, la magistrada Catalina Díaz, presidenta de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, señaló que la JEP existe por la lucha de las víctimas, para que los crímenes de la guerra no queden en el olvido. Agradeció el voto de confianza y dijo que con este tipo de informes, se le recuerda a la JEP el rol que debe cumplir como nuevo escenario de justicia para las víctimas de la violencia sexual.

La magistrada finalizó la audiencia virtual con el compromiso por parte de esta entidad de investigar los delitos de violencia sexual, para buscar que haya justicia y verdad sobre lo acontecido.  “Solo con justicia genuina construiremos una paz estable y duradera”, y agregó “la violencia sexual no fue un hecho aislado, fue una práctica, habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado. Reiteramos nuestro compromiso para investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables”.